El próximo presidente de Perú, que se definirá en la segunda vuelta electoral del 5 de junio, tendrá como un reto clave aplacar los latentes conflictos sociales que amenazan con paralizar más planes mineros y energéticos, vitales para consolidar el auge económico del país.
Vastas reservas de minerales e hidrocarburos, junto a tasas de expansión similares a las de China, han atraído inversiones por unos 41.000 millones de dólares para la próxima década al país, un importante proveedor mundial de materias primas.
Pero ese dinero podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo -que en ocasiones se torna violento- de pobladores irritados por no sentir los frutos de la bonanza económica y temerosos de que afecten su medio ambiente.
Actualmente existen más de 200 conflictos sociales latentes en Perú, concentrados mayormente en las zonas donde vive la tercera parte de peruanos que aún es pobre, según el más reciente informe de la oficina de derechos humanos nacional.
Aminorarlos será un reto para el presidente que asuma el 28 de julio, ya sea el nacionalista Ollanta Humala o la legisladora y amiga del libre mercado Keiko Fujimori, pues existen conflictos desde el norte hasta el sur del país.
Recientemente, campesinos del sur lograron paralizar un plan de 1.000 millones de dólares de Southern Copper, una de las mayores productoras de cobre del mundo, tras meses de bloqueos de carreteras y protestas que dejaron tres personas muertas.
Hace dos años, una protesta de indígenas en contra de leyes que promovían la inversión energética en la Amazonía dejó más de 30 muertos y se convirtió en la mayor crisis del presidente Alan García, que debió derogarlas y renovar su gabinete.
Los indígenas amazónicos consideran que esas normas vulneraban sus tierras ancestrales, las que dicen defenderán con uñas y dientes.
"Los pueblos indígenas están dispuestos a seguir ofrendando sus vidas en defensa legítima y para que no avasallen (sus tierras)", dijo a Reuters Alberto Pizango, quien lideró esa protesta.
POSTERGADA LEY DE CONSULTA
En lo que podría ser una acción para frenar los conflictos, Fujimori y Humala han expresado su apoyo a una postergada ley de consulta a los pueblos nativos que fue aprobada por el Congreso pero observada por el presidente García.
"Es fundamental para aminorar los conflictos sociales que haya más comunicación directa con las comunidades (...) considero que la ley de consulta va a ser importante para que más inversiones lleguen y que la población sepa de los beneficios", dijo Fujimori en una reciente entrevista con Reuters.
El plan de gobierno de Humala, quien inquieta a los inversores pese a que ha moderado su discurso de izquierda, también menciona un mayor diálogo entre pobladores y empresas.
García devolvió la norma -que busca aplicar localmente extractos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- argumentando que iba más allá al otorgar derecho a veto y contemplar a las comunidades campesinas.
"Vamos a seguir con nuestra propuesta, creemos que este Gobierno ya no lo va a aprobar, al próximo le diremos que pare todo proceso de concesión sea minera o forestal hasta que no se vea la ley de consulta", afirmó el indígena Pizango.
La norma lleva entrampada casi un año en el Congreso, por lo que el asunto podría quedar en manos del próximo Gobierno.
"A este tema no le he visto mucha decisión política, quienes tienen mayoría en el Parlamento no ven con mucho interés meter este tema (en el debate del pleno)", dijo a Reuters el congresista Luis Galarreta.
El legislador afirmó, sin embargo, que intentará que la norma sea debatida antes de que entre un nuevo Congreso a fines de julio.
"Una ley de consulta facilita el trabajo al establecer no solamente un conjunto de etapas o procedimientos sino también las responsabilidades que corresponden a los distintos órganos del Estado", a la hora de desarrollar un proyecto, dijo Iván Lanegra, un director de la agencia de derechos humanos de Perú.
MALESTAR MAS PELIGROSO QUE IMPUESTO
De hecho, los conflictos sociales son considerados por algunos analistas como un asunto más complicado que la propuesta de los aspirantes a la presidencia de gravar las ganancias inesperadas de las empresas mineras, en medio de la escalada de los precios de los metales.
Actores clave del sector minero consideran que ese plan restaría competitividad a Perú, el tercer productor mundial de cobre y el sexto de oro. Sin embargo, están dispuestos a acatar el potencial aumento impositivo.
"Si es que creen que se deben incrementar los impuestos, la minería formal y Buenaventura a la cabeza cumplirá con todas sus obligaciones", dijo a Reuters Roque Benavides, presidente ejecutivo de Buenaventura, la principal productora de metales preciosos de Perú.
Los conflictos sociales en torno a planes mineros y energéticos han dejado casi medio centenar de muertos durante el Gobierno del presidente García, quien ha promovido las concesiones para la explotación de recursos naturales para apuntalar el crecimiento del país.
(Reporte de Patricia Vélez. Editado por Lucila Sigal)
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