Corte de Tenesí sostiene audiencia sobre policía y migración

Juana Villegas protesta con esposas en las manos durante una movilización afuera de la Corte Suprema de Tenesí, en Nashville, el jueves 14 de junio de 2012. En 2008, Villegas estuvo encarcelada. El abogado de un grupo de inconformes expuso los argumentos por los cuales demandan a la corte que impida a la oficina del alguacil del condado de Davidson participar en un programa federal que permite a los agentes de esa dependencia ejecutar algunas funciones de agentes de inmigración.  Foto: Mark Humphrey / AP
Juana Villegas protesta con esposas en las manos durante una movilización afuera de la Corte Suprema de Tenesí, en Nashville, el jueves 14 de junio de 2012. En 2008, Villegas estuvo encarcelada. El abogado de un grupo de inconformes expuso los argumentos por los cuales demandan a la corte que impida a la oficina del alguacil del condado de Davidson participar en un programa federal que permite a los agentes de esa dependencia ejecutar algunas funciones de agentes de inmigración.
Foto: Mark Humphrey / AP
 

La Corte Suprema de Tenesí definirá si un programa federal que autoriza a algunos agentes de la oficina del alguacil del condado de Davidson a actuar como agentes de inmigración infringe o no la Carta Metropolitana.

En la corte, el abogado de los detractores, Bill Harbison, arguyó el jueves que, de acuerdo con la Carta Metropolitana, todas las funciones policiales corresponden a la policía, mientras que el manejo de los penales y el cumplimiento de las órdenes judiciales, a la oficina del alguacil.

Esta separación de funciones entró en vigencia en 1962, cuando Nashville y el condado de Davidson integraron un gobierno metropolitano.

La procuradora adjunta metropolitana Keli Oliver dijo que entrevistar a los detenidos para determinar su condición migratoria es permisible de conformidad con las facultades conferidas a la oficina del alguacil porque ésta administra las prisiones.

Un juez federal solicitó a la Corte Suprema que se pronuncie sobre esta controversia que constituye el punto central de una demanda federal en la que se impugna el programa federal conocido como 287(g).

Los detractores del programa consideran que éste afecta injustamente con la deportación a infractores menores, como personas que hayan violado la ley de tránsito. Los partidarios señalan que el programa ayuda al gobierno federal a identificar a infractores.

Sin embargo, el dilema planteado a la corte es técnico, en cuanto a si es legal el acuerdo concertado entre la oficina del alguacil y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Harbinson pidió a los magistrados que consideren un caso de 1964 en el que la corte determinó que la oficina del alguacil debía ejecutar sólo las funciones que se le asignan en la carta, así como otras que sean "incidentales y necesarias" para las primeras. Este aspecto no incluye la función policial.

"Si un agente del alguacil está expidiendo una orden judicial y ve actividad ilegal no arresta a nadie, llama a la policía", señaló.

Harbison arguyó que el programa 287(g) no era incidental ni necesario para administrar las prisiones debido a que éstas funcionaron sin el mismo durante 45 años. Dijo que aprobar este acuerdo podría dar pie a otros, como permitir a agentes del alguacil que investiguen a presos para el Servicio de Rentas Internas.

También insinuó que el alguacil Daron Hall concertó el acuerdo con el ICE con fines políticos. La Policía Metropolitana, el organismo encargado del cumplimiento de la ley, "no decidió concertar con el programa 287(g)", dijo. "Un funcionario elegido fue el que lo hizo", agregó.

La procuradora metropolitana Oliver arguyó que la carta no es tan restrictiva como dicen los inconformes.

"La carta no especifica que la oficina del alguacil jamás deberá participar en acciones policiales ni dice nada en cuanto a que participe en acciones para el cumplimiento de la ley federal", apuntó.

Oliver también dijo que la carta concede al Consejo Metropolitano la facultad de determinar los aspectos no explícitos en la misma. Eso fue lo que ocurrió cuando el consejo aprobó en votación el memorando de acuerdo entre la oficina del alguacil y el ICE, afirmó.

El magistrado William Koch hijo dijo que el alguacil podría tener el legítimo interés de determinar la condición migratoria de los reclusos porque administra las prisiones.

"Es verdad que las personas en penales, el número de éstas, la capacidad de las cárceles es del interés del alguacil", expreso Koch. "En este contexto, ¿no correspondería al interés del alguacil identificar a las personas que podrían ser transferidas a una prisión federal?", dijo.

Sin embargo, la magistrada Cornelia Clark preguntó si la transferencia de detenidos interfería con la Policía Metropolitana porque impediría la realización de un juicio que se basaría en acusaciones locales.

El fiscal federal Matthew Curley, en representación del ICE, expuso sus argumentos a favor del acuerdo.

Curley señaló que los inmigrantes que se encuentran sin permiso migratorio en Estados Unidos de hecho ya están infringiendo la ley federal. Comparó la situación con alguien que comete un delito cuando está preso, cuya investigación correspondería a la oficina del alguacil.

"¿Dónde está la línea divisoria?", preguntó. "Los inconformes plantean una cuesta resbalosa. Creo que sería más desconcertante decir que la oficina del alguacil puede investigar ese tipo de infracciones penales en las prisiones, pero no otras", apuntó.

Los inconformes presentaron una demanda en una corte federal con la intención de que esta impida la participación de la oficina del alguacil en el programa 287(g).

La corte federal se guiará con el fallo de la Corte Suprema local en la controversia sobre la Carta Metropolitana.

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