La ONG Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidió este miércoles al gobierno y al congreso de El Salvador que deroguen un decreto que obliga a la Sala Constitucional a tomar sus decisiones por unanimidad.
El decreto "constituye una seria amenaza a la independencia judicial", lo mismo que "las sanciones que algunos funcionarios han insinuado contra los magistrados que se han negado a aplicarlo", señaló CEJIL, una organización no gubernamental (ONG) que trabaja en la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica y El Caribe.
CEJIL aseguró que la norma, aprobada por el Congreso a inicios de junio y ratificada rápidamente por el presidente Mauricio Funes, pretende evitar que la Sala Constitucional resuelva sobre algunos temas polémicos, en particular una ley de amnistía que dejó impunes crímenes cometidos en el marco de la pasada guerra civil salvadoreña (1980-1992).
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento", apuntó CEJIL.
El presidente Funes ha dicho que la ley no obstaculiza la labor de la Sala Constitucional, pero los propios magistrados consideran lo contrario y han declarado la norma "inaplicable".
De acuerdo con CEJIL, mantener el decreto "equivaldría a bloquear la actividad y el funcionamiento efectivo del máximo tribunal del país y, por lo tanto, limitaría así de forma sustancial el derecho de los ciudadanos salvadoreños a recurrir al citado tribunal en defensa de sus derechos fundamentales".
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