La Procuraduría General de la República (PGR) informó el lunes en un comunicado que inició una investigación por la localización tres días atrás de 25 millones de pesos (unos 1,9 millones de dólares) en efectivo distribuidos en una maleta y una mochila que transportaba un funcionario de Veracruz, un estado del este del país.
El gobierno de Veracruz informó el lunes que el dinero en efectivo iba a ser utilizado para el pago de diversos eventos que se realizarán en los próximos días y meses en el estado, como el carnaval que se realiza cada año en el puerto del mismo nombre.
Horas después, el gobierno de Veracruz informó en un comunicado que el tesorero estatal, Vicente Benítez, renunció a su cargo, aunque no se precisó si tenía que ver con el caso del dinero.
Sin embargo, algunos partidos políticos advirtieron que pudieran tratarse de un posible caso de desvío de recursos a favor del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país de 1929 a 2000 y que actualmente aparece a la cabeza de las preferencias electorales.
México tendrá comicios presidenciales el próximo 1 de julio.
"Estamos, con toda seguridad, ante un desvío de recursos del gobierno del estado, a favor del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto", señaló por su parte la dirigencia nacional del PRD en un comunicado. El PRI gobierna Veracruz.
Peña Nieto es ex gobernador del populoso Estado de México y fue nombrado hace unas semanas como candidato a la presidencia por el PRI.
La detención de los funcionarios ocurrió en el aeropuerto de Toluca, capital del Estado de México.
"No es casualidad que esa cantidad haya sido llevada a Toluca... y justamente ahí opera la campaña del candidato ungido del PRI, Enrique Peña Nieto", señaló en un comunicado el conservador Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna el país.
La autoridad electoral estableció hace unos meses que el límite de gasto de precampañas y campañas para la presidencia es en conjunto de poco más de 495 millones de pesos (unos 38,2 millones de dólares).
En medio de la temporada electoral, los principales partidos políticos —incluido el PRI— y el gobierno federal han advertido de los riesgos de que el crimen organizado intente interferir en el proceso de cara a las presidenciales e incluso algunos han planteado propuestas para evitar el financiamiento ilícito como pedir a la autoridad federal que informe si algún precandidato tiene investigaciones abiertas.
Hasta ahora, sin embargo, ni la autoridad federal ni los partidos políticos que han cuestionado el traslado del dinero en efectivo han mencionado un posible vínculo con el crimen organizado.
La PGR señaló que un segundo funcionario de Veracruz fue temporalmente retenido cuando llegó a instalaciones policiales para solicitar se le entregara el dinero y a su compañero que lo llevaba. Los 25 millones de pesos quedaron en poder de las autoridades.
Los dos funcionarios estatales fueron dejados en libertad al no acreditarse que hayan cometido algún delito, informó la Procuraduría.
La dependencia federal señaló que aún investiga si el dinero era en realidad propiedad del gobierno de Veracruz.
El gobierno de Veracruz identificó a los funcionarios como Miguel Morales Robles y Said Zepeda.
El secretario de Finanzas de Veracruz, Tomás Ruiz, aseguró que el motivo de haber enviado el dinero en efectivo fue simplemente que se les acababa el tiempo para cubrir un pago a una empresa que se encarga de hacerles promocionales con motivo de algunas fiestas.
"Por las prisas se hizo el pago en efectivo", dijo el funcionario estatal en Radio Fórmula, al ser interrogado de por qué no se hizo una transferencia electrónica.
Ruiz rechazó cualquier irregularidad y afirmó que han comenzado a entregar a la PGR la documentación necesaria para que se les devuelva el dinero.
El presidente Felipe Calderón dijo hace unos meses que Veracruz, un estado afectado por la violencia del narcotráfico, había sido dejada en las manos del cartel de Los Zetas.
El estado ha padecido en los últimos meses una disputa violenta entre los Zetas y un grupo alineado con el cartel de Sinaloa. El ex gobernador del estado, Fidel Herrera, fue señalado por rivales políticos de estar vinculado con el narcotráfico, un cargo que él ha negado.
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